Adriana Solórzano
El proceso electoral mexicano de 2021 implicará la elección de 20 mil 792 cargos y una lista nominal que incluye a 93 millones 683 mil electores y electoras.[1] Un proceso de tal envergadura implica, en una democracia, meses de deliberación pública. Las redes sociodigitales, como Twitter y Facebook, se convierten en sitios clave para la difusión de plataformas políticas y para garantizar a la ciudadanía acceso a información útil para definir el voto.
El uso de estas redes sociodigitales ha impuesto desafíos que es importante analizar si deseamos, como sociedad, aprovechar de la mejor manera las tecnologías de la información y la comunicación en una era donde una sola de las grandes plataformas gestiona miles de millones de mensajes diariamente.
Durante varias décadas del siglo pasado los medios electrónicos en México —radio y televisión abierta— fueron las principales vías de difusión. A través de ellos se transmitían debates y análisis en torno a temas de implicación ciudadana e influían contundentemente en la definición de la agenda pública; lamentablemente de forma unidireccional, altamente concentrada[2] y sin la posibilidad de una participación ciudadana con real incidencia.
Democracia no equivale a «dictadura de la mayoría», sino a derechos humanos
Hoy, la reticularidad que caracteriza a las plataformas que permiten la interacción de millones de personas usuarias ha dejado aparentemente atrás la unidireccionalidad. La comunicación en las redes sociales se da de «muchos a muchos». Aprovechar esta posibilidad tecnológica implica desafíos que requieren la participación contundente no solo del Estado y el empresariado; también, y de manera definitoria, de los usuarios y usuarias quienes, en nuestro interactuar cotidiano, vamos dejando muestra del nivel de congruencia que guardamos con los principios fundamentales de una Democracia.
Al respecto, es necesario que erradiquemos de una buena vez esa frase que simplifica totalmente el sentido y significado de la palabra democracia: «la dictadura de las mayorías». En una definición de democracia no cabe la palabra dictadura y democracia no significa, de ninguna manera, que cualquier decisión de la mayoría es la que deba prevalecer.
La Democracia incluye contrapesos y a diferencia de una dictadura donde solo importa la voluntad de una persona o grupo, en una democracia debemos ajustar el actuar al marco legal existente. En nuestra legislación y a 10 años de la reforma en materia de Derechos Humanos, en México, desde 2011, los tratados internacionales signados por el país están al mismo nivel que la Constitución Política y, si hubiera una incongruencia entre nuestra Carta Magna y esos tratados, aplicaría el control de convencionalidad, lo cual significa que un juez está obligado a aplicar la norma que dé más amplia protección a las personas a la luz de esos derechos humanos.
Por lo tanto, en una democracia sería inadmisible suprimir derechos a minorías, tales como negar la ciudadanía, el voto, el acceso a la educación o a la salud. Los derechos humanos son irrenunciables y la discriminación por causas como el color de piel, apariencia física, condición social, género o cualquiera que tenga por objeto el menoscabo y la obstaculización para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos no es conciliable con la democracia, sin importar el deseo de la mayoría; es por eso que los derechos humanos NO se consultan, son condición sine qua non, es decir, imprescindible.
Así que, como habitantes de una democracia, en nuestra deliberación pública en redes sociales, deberíamos estar comprometidos con un ejercicio congruente con los valores que nos rigen como sociedad. Participar e interactuar en un espacio público como las redes sociales en torno a un asunto de primera importancia como lo es un proceso electoral debería convocarnos a un ejercicio de racionalidad basado en argumentos, a respetar puntos de vista distintos, a evitar las descalificaciones y ofensas, a responsabilizarnos por la información que compartimos y procurar que proceda de fuentes confiables.
Si bien, la responsabilidad de una deliberación pública robusta y respetuosa en las plataformas digitales es una obligación principalísima de actores estatales, de las empresas que manejan estas redes sociodigitales, de medios de comunicación, de partidos políticos, personas candidatas y todos aquellos personajes con mayor incidencia en la agenda pública; la ciudadanía no está exenta de respetar las reglas.
Libertad de expresión: la ley es el piso; la ética, el techo
Sin duda alguna, la libertad de expresión, como derecho humano, es base de cualquier democracia y nadie debe limitar nuestras opiniones; pero que no se nos olvide que somos responsables de nuestros dichos y, sobre todo, que la ley es el piso, pero la ética es el techo. Me explico: la ley nos impide proferir discursos de odio, es decir, aquellos que afectan a minorías históricamente vulneradas y que hacen un llamado a la discriminación o a menoscabar sus derechos; eso es el piso mínimo al que estamos obligados y obligadas, pero no significa que debamos conformarnos: aspiremos a una comunicación pública ética e íntegra.
Abundemos en lo anterior: el disenso es sano en una democracia, disentir es normal y no hay acuerdos que antes no hubiesen pasado por un proceso de discusión y, de hecho, este proceso es permanente, nuestra humanidad misma implica abordajes y pensamientos distintos. La riqueza de la deliberación es poder compartir esas perspectivas y razonamientos con el otro, estar abiertos, empatizar y defender nuestros propios puntos de vista. El disenso no es un problema, pero debemos transformarlo en una oportunidad de crecimiento, de ninguna manera en causa de enojos, vulneración y ataques.
¿Cuántas veces nos hemos quejado por los discursos televisivos o radiofónicos que nos parecen sexistas? ¿Cuánto nos ha enojado la estridencia o amarillismo de algunos medios de comunicación? Un paso importante para aumentar el nivel y la utilidad social de las redes sociales está hoy en nuestras manos: evitemos que de nuestras cuentas emanen discursos ofensivos, falsificados, discriminatorios o que descalifiquen.
Las plataformas digitales deben actuar ante el reto de evitar que sus algoritmos visibilicen material falsificado (creado alevosamente para ganar clics y monetizar a partir de las mentiras) y tienen una responsabilidad mayúscula en la moderación de sus contenidos, en el tipo de información que visibilizan. Por ética, están llamados a no intervenir indebidamente dando un trato preferente a la información de un partido político sobre otro.
Sin duda, las redes sociodigitales serán más útiles a la democracia en la medida que estas empresas se comprometan con una gestión transparente y ética. No obstante, en manos de las personas usuarias también se deposita gran parte de la responsabilidad para conseguir un uso respetuoso de las plataformas. Cada usuario o usuaria es responsable de los mensajes que difunde a través de sus cuentas, en la medida que éstos abonen a una sociedad más incluyente, que respetemos los derechos del otro, que evitemos vulnerar, que no discriminemos y en lugar de descalificar y burlarnos del otro interactuemos y reconozcamos a nuestros interlocutores como personas con los mismos derechos que nosotros, estaremos contribuyendo a la profundización de nuestra democracia, una democracia participativa basada en principios fundamentales, donde no cabe ninguna dictadura, ni la de las mayorías.
[1] Datos con corte al 7 de enero de 2021, proporcionados por el consejero electoral Ciro Murayama en el curso en línea «Coberturas periodísticas y procesos electorales», el 11 de enero de 2021 convocado por Radio y Televisión de Aguascalientes, AMARC y Radio Educación.
[2] La concentración infocomunicacional se presenta cuando un grupo reducido de personas o empresariado poseen la mayoría de las concesiones, licencias o permisos para operar medios de comunicación y con ello están en posibilidad de definir el temario público y controlar los flujos informativos.
Para seguir aprendiendo
Alegato por la deliberación pública (Raúl Trejo Delarbre, 2015). | Libro académico.
Los derechos de las audiencias y redes sociales (Casa del Archivo, 2021). | Conferencia en línea con Hilda Saray Gómez, Hilda de las Mercedes Olivares y Laura G. Martínez. Transmisión por Facebook.
Redes Sociales y libertad de expresión (Dulce Arévalo, 2021) | Nota periodística. entrevista de Dulce Arévalo para Consumo Tic.
Adriana Solórzano (@adry_solorzano). Candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Licenciada y maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Expresidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Profesora de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Actualmente es Directora de Producción y Planeación de Radio Educación.